Con escuadrones de motos, barrios combaten la inseguridad en Bogotá

Actualizado: 21 ene

El 2021 ha sido un año en el que la delincuencia y la inseguridad han atacado ferozmente a la capital del país. Tanto así, que muchos ciudadanos, principalmente de los barrios más exclusivos de la capital, se han dado a la tarea de buscar alternativas para defenderse de los delincuentes.



Este es el caso de agrupaciones como la Asociación del Barrio El Retiro (Asoretiro), en el norte de Bogotá, donde los vecinos se unieron para contratar un servicio de escuadrones motorizados, ofrecido por empresas de seguridad privada, que acompañe las labores de patrullaje de la Policía Metropolitana.


De acuerdo con Salomón Parra, presidente de Asoretiro, el objetivo de contratar un esquema de motorizados privados no es competir o suplantar las labores de la Policía, por el contrario, “la idea es complementar las acciones y capacidades del pie de fuerza disponible en el barrio, para brindar seguridad y mitigar el impacto de la delincuencia en el sector”.



Según las cifras de la Secretaría de Seguridad de Bogotá, la localidad de Chapinero ocupa el cuarto puesto entre las de más hurtos a personas, con 6.386 casos registrados en 2021. Específicamente el exclusivo barrio El Retiro, de la UPZ Chicó Lago, es el lugar de esta localidad donde más hurtos a personas se han cometido este año, con un registro de 693 denuncias y un exponencial aumento de 184 por ciento entre enero y octubre.


Salomón Parra dijo que actualmente el barrio cuenta con un esquema de tres motorizados, quienes durante las 24 horas del día recorren el cuadrante localizado de las calles 81 a la 85 y entre las carreras 7.ª y 11, realizando labores de inspección.

Sin embargo, aclaró que en caso de sorprender a delincuentes o registrar alguna escena de hurto o robo solo están autorizados a retener a los delincuentes y presentarlos antes las autoridades; por ningún motivo la seguridad privada podrá tomar justicia por sus manos o accionar las armas de dotación con las que está equipada.


El presidente de Asoretiro explicó que “la Policía no da abasto con todos los casos de inseguridad en el barrio; no tiene los medios físicos ni la cantidad de uniformados necesaria para cubrir toda la zona. Esto no es un problema solo de El Retiro, es de toda la ciudad”, puntualizó.



Y es que a esta iniciativa también se han sumado otros sectores de la localidad de Chapinero, como Chicó, donde se han reportado 153 casos de hurto a personas, y en la localidad de Usaquén, quinta en hurtos a personas, con 6.029, particularmente en el barrio La Carolina, donde entre enero y octubre se reportaron 81 robos; en Santa Bárbara Oriental, con un registro de 502 hurtos en este mismo periodo, y, finalmente, Santa Ana, con 14 robos reportados.


Frente a este tema, Miguel Ángel Díaz, presidente de la Confederación Nacional de Empresas de Vigilancia Privada (Confevip), dijo que “es necesario incluir herramientas tecnológicas con las cuales cuenta el sector de la seguridad, lo que permitiría acompañar a la Fuerza Pública para disminuir la inseguridad en la ciudad y el país”.


Aunque esto pareciera nuevo, Díaz afirmó que desde hace varios años las empresas tienen la figura del supervisor motorizado, como apoyo en los barrios, y que son cerca de 25 puntos ubicados entre Chapinero, Unicentro, Usaquén, Engativá, Suba y Fontibón los que cuentan con este tipo de servicio por contratación.


¿Pero cómo funciona el esquema? De acuerdo con Confevip, los motorizados privados cuentan con sistema de intercomunicación que les permite hablar directamente con los comandos de Policía de la localidad donde se encuentren y enviar información en tiempo real a las patrullas que recorren las calles.


De la misma manera, los circuitos cerrados de televisión, instalados por las empresas de seguridad, pueden enviar señal directa hacia el Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4), que es operado por la Secretaría de Seguridad.


El Costo del Servicio


De acuerdo con la Confederación Nacional de Empresas de Vigilancia Privada, el costo del servicio puede variar de acuerdo con el número de personas que se desee y si es requisito estar motorizados o no. El precio promedio de un esquema de seguridad podría alcanzar los ocho millones y medio y se presta 24 horas, todos los días del año.

Frente al servicio, Carolina Carrillo, directora ejecutiva de la Asociación de Empresas Colombianas de Seguridad (Ecos), dijo que los motorizados destinados a apoyar la labor policial son personas expertas en el manejo de motocicletas, caninos y sistemas de comunicación en seguridad.


Ahora bien, la gran pregunta es ¿quién regula a estos privados y cuál es el papel de la Policía de Bogotá? Aníbal Fernández de Soto, secretario de Seguridad de la ciudad, señaló que desde su cartera se han adelantado trabajos conjuntos entre la Policía Metropolitana, las empresas de seguridad privada y la ciudadanía para recuperar el tejido social de seguridad de la ciudad.


De la misma forma dijo que la Secretaría cuenta con un convenio con la Superintendencia de Vigilancia, que es la encargada de regular y verificar la coordinación entre la Policía y la seguridad privada para establecer roles y criterios de actuación, pero, sobre todo, según Fernández de Soto, los límites entre un cuerpo de fuerza institucional público y los prestadores de seguridad privada.

Otra de las apuestas de la ciudadanía para mantener la seguridad de los barrios son los famosos frentes de seguridad barrial. Este esquema pretende un trabajo colaborativo entre los ciudadanos, la Policía y las empresas de seguridad privada que aportan equipos para el monitoreo y vigilancia.


De acuerdo con la información de la Secretaría de Seguridad, con corte a 2020, en la capital del país hay cerca de 980 grupos organizados en los barrios que prestan labores de vigilancia y trabajan articuladamente con la Policía Metropolitana por la seguridad de los sectores y la detención de delincuentes.


Para poder iniciar uno de estos frentes de seguridad, los ciudadanos deben crear un grupo de WhatsApp, en el que integren no solo a los habitantes del barrio, sino, además, a los policías del cuadrante, al centro de atención inmediata (CAI) más cercano, a la junta de acción comunal y a un representante de la alcaldía local.

Desde el Distrito, y en coordinación con las autoridades de la Policía, se realizan las capacitaciones correspondientes, la coordinación con las entidades intervinientes y el manejo de los canales de comunicación.


Margaret Alexandra Peña, integrante de la red ciudadana del barrio J J Vargas, explicó que “en el caso de la seguridad ha sido importante conformar una red apoyada en la tecnología para poder dar aviso oportuno a las autoridades sobre cualquier hecho sospechoso que los residentes observen en el barrio”.


Además, dijo Peña, lo primero en las redes ciudadanas es hacer lazos de amistad para conocerse y por lo menos saber cómo se llaman los vecinos. “Que si a alguna persona la están robando o le están haciendo algo, uno pueda identificarlos, porque un día son ellos, pero otro día puede ser uno de nosotros”.


Para apoyar la construcción y el mantenimiento de los frentes de seguridad y las redes ciudadanas, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, y el brigadier general Eliécer Camacho, comandante de la Policía Metropolitana, dispusieron de una nueva línea de inversión que estará enfocada en potenciar este tipo de herramientas en todos los barrios.


Respecto a eso, el secretario de Seguridad, Aníbal Fernández, afirmó que esta inversión servirá no solo para fortalecer los esquemas que ya existen, sino también para crear unos nuevos que estén dotados de equipos de cámaras con botones de pánico y alarmas comunitarias que alerten a policías y alcaldías locales.


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